Cuando se acercan las elecciones, muchas cosas se tensan: los discursos, los territorios, los ánimos. Pero para quienes defienden derechos humanos o informan desde el terreno, el riesgo se extiende a su vida. En Chiapas, uno de los estados del país con mayor violencia en territorios comunitarios, el proceso electoral de 2023 encendió todas las alertas. Hubo agresiones a medios, amenazas a liderazgos comunitarios y un patrón de violencia reiterada. A esto se le suma una falta de coordinación pues cada institución tenía entendimientos distintos sobre su responsabilidad y atención en la materia.
Sin embargo, esta vez se intentó algo diferente y en lugar de respuestas aisladas, se impulsó la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional, con la premisa de que, si el riesgo es estructural, la protección también debe serla.
Esa lógica recuerda lo que planteaba Mark Moore (1995) sobre generar valor público desde alianzas estratégicas. O lo que Elinor Ostrom (2010) documentó durante años, respecto a que ningún actor resuelve solo y que los arreglos institucionales importan. El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Chiapas liderado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, convocó a diversas instituciones: la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Igualdad de Género y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, hasta autoridades locales como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para construir algo juntos y operar en coordinación, sumando recursos y mandatos. Durante meses se trabajó en desarrollar un protocolo de actuación que respondiera de forma articulada al desafío de la violencia en periodos electorales. Desde luego, facilitar este espacio, más allá de un reto logístico, también fue una apuesta política, pues implicaba sentar en la misma mesa a instituciones que pocas veces se coordinaban.
¿Y qué se logró? Tras varios meses de trabajo y revisión crítica entre instituciones para entender cómo podrían actuar mejor de forma conjunta, se concretó el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la atención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el periodo electoral en Chiapas. Se logró articular una ruta de acción que guía el actuar de las instituciones participantes y define los roles de cada una, garantizando una coordinación eficiente en el marco de sus competencias para atender, orientar, canalizar y proteger a las víctimas de agresiones.
Pero su valor va mucho más allá del ámbito electoral. Este tipo de enfoque, centrado en la colaboración entre instituciones, la coordinación de esfuerzos y la construcción conjunta de soluciones, puede trasladarse a muchos otros desafíos urgentes en donde una respuesta fragmentada limita la atención del problema. Pensemos, por ejemplo, en la atención a desapariciones forzadas, donde la respuesta aislada de una sola institución no basta. O en la protección de las personas defensoras del medio ambiente, que requiere entender los territorios, actores en riesgo y los intereses en conflicto.
En Colombia, por ejemplo, la Mesa de Protección de Antioquia logró establecer un sistema de alertas tempranas entre periodistas y fiscalías, a partir de vínculos de confianza territorial. En Guerrero, el trabajo conjunto con ONU Mujeres permitió construir un protocolo local con enfoque de género construido desde lo local, no desde el escritorio. Chiapas suma a esa conversación regional sobre cómo dejar de pensar desde la lógica del control, y más bien avanzar desde la cooperación y la corresponsabilidad interinstitucional.
Y hay otras agendas donde también haría la diferencia. Por ejemplo, desde la implementación local de compromisos ambientales hasta la mejora de servicios públicos con enfoque de datos, pasando por empresas que buscan cumplir con estándares sociales y ambientales sin perder de vista el contexto en el que operan. En todos esos casos, lo que se necesita, más allá de otra solución técnica, es una forma distinta de pensar y actuar: entender el sistema, reconocer los vínculos, y diseñar estrategias que convoquen a quienes, desde distintos frentes, sostienen una parte del cambio posible.
Bibliografía:
- FLIP (2020). Informe Anual 2020: Un año de pandemias para la libertad de prensa. Fundación para la Libertad de Prensa.
- Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.
- ONU Mujeres (2021). Buenas prácticas para la protección de defensoras de derechos humanos en contextos locales. ONU Mujeres México.
- Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. American Economic Review, 641–672.
- Por: Paula Gómez
